Organizaciones de la sociedad civil en México manifestaron su rechazo a la iniciativa para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas alcohólicas y cerveza. La propuesta fue presentada el 29 de septiembre por el diputado Francisco Javier Guízar Macías, del Partido del Trabajo, y cuenta con el respaldo de 42 legisladores de distintos grupos parlamentarios.
La propuesta plantea un cambio de fondo en el esquema fiscal del sector. Actualmente, el IEPS se calcula como un porcentaje del precio, con tasas de 26,5% para cerveza y bebidas de hasta 14 grados, 30% para las de entre 14 y 20 grados, y 53% para destilados de mayor graduación. La iniciativa sustituiría ese modelo ad valorem por una cuota fija de 1,38 pesos por grado de alcohol por litro, equivalente a 138 pesos por litro de alcohol puro. Además, incluiría un estímulo fiscal de 90% para productores e importadores con volúmenes de hasta 10.000 litros de alcohol puro.
La Red de Acción sobre Alcohol (RASA), integrada por académicos, especialistas y organizaciones civiles, sostiene que la medida abarataría el alcohol, reduciría la recaudación y favorecería los intereses económicos de la industria, en sentido contrario a las políticas de salud pública basadas en evidencia. "No puede llamarse reforma de salud pública a una propuesta que abarata bebidas alcohólicas", afirmó su vocero, Luis Robledo. Robledo subrayó que la política fiscal debe proteger a la población y no las ganancias del sector.
Simulaciones económicas estiman que el nuevo esquema reduciría el precio de la cerveza en alrededor de 5,1% y el de los destilados hasta en 24,9%, con incrementos en el consumo de entre 6,2% y 36,8%. La pérdida recaudatoria superaría los 26.000 millones de pesos, y para mantener los ingresos actuales la cuota debería ubicarse en al menos 2,40 pesos por grado de alcohol.
Salud Justa Mx hizo un llamado urgente a los diputados para asumir su obligación de proteger el derecho a la salud. Su director, Erick Antonio Ochoa, lamentó que la iniciativa solo haya incorporado las opiniones de la industria. De acuerdo con la exposición de motivos, el grupo de trabajo que dio origen a la propuesta celebró seis foros con cámaras industriales, consejos reguladores y empresas como AB InBev, Heineken, Casa Cuervo y Brown-Forman. En ellos no participaron instituciones de salud pública, académicas ni organizaciones civiles.
Las agrupaciones recuerdan que el consumo de alcohol genera daños equivalentes a 2,1% del PIB y está asociado con 112 muertes diarias en el país. También es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad, violencia y enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud considera el aumento de impuestos y precios como la intervención más costo-efectiva para reducir el consumo nocivo.
El debate no se limita al nivel de la tasa, sino también a su diseño. Los impuestos específicos por contenido alcohólico se aplican en numerosos países y son considerados una buena práctica fiscal, ya que gravan de forma proporcional el alcohol consumido y desincentivan los productos baratos de alta graduación. Su efecto depende, sin embargo, de que la cuota sea suficientemente alta y se actualice con la inflación, condición que, según los críticos, la propuesta actual no cumple.
Para la industria cervecera y de destilados, el resultado de la discusión es estratégico. México es uno de los principales productores y exportadores de cerveza y tequila del mundo. Un cambio en la estructura del impuesto modificaría precios relativos entre categorías, márgenes de rentabilidad y estrategias de portafolio, con efectos especialmente visibles en el segmento de destilados premium.
