La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició formalmente el 1 de julio de 2026, pone sobre la mesa una de las tensiones estructurales más profundas de la cadena agroalimentaria mexicana: la dependencia creciente de granos importados frente a una producción nacional que retrocede desde 2016.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) encendió las alarmas esta semana al advertir que el nuevo esquema de revisiones anuales no solo pone en riesgo los términos del acuerdo comercial, sino que genera una incertidumbre permanente que paraliza la inversión, encarece el financiamiento y desincentiva la siembra en los estados más productivos del país.
Los números son contundentes. Entre enero y mayo de 2026, México importó 19.93 millones de toneladas de granos y oleaginosas según la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), el segundo mayor volumen registrado para ese período en la historia del país. El maíz amarillo encabeza esa avalancha, pero también creció la importación de maíz blanco, que pasó de 430,000 a 456,000 toneladas, un incremento del 6.1 por ciento en el que Estados Unidos es el único proveedor.
En 2025, México importó 30,600 millones de dólares en productos esenciales para la alimentación, con el maíz como principal rubro con 6,500 millones de dólares, mientras la producción nacional del grano registra una tendencia negativa sin revertir.
Para la industria de alimentos, piensos y agroinsumos, este escenario tiene implicaciones directas. La demanda interna de maíz sigue creciendo por el consumo alimentario directo, la industria de tortillas y harinas nixtamalizadas, y el sector pecuario. Que esa demanda se satisfaga con grano importado crea una dependencia estructural que, ante cualquier cierre de frontera, crisis logística o medida unilateral de Washington, podría interrumpir el suministro básico de la cadena productiva nacional.
La asimetría competitiva entre ambos países explica buena parte del problema. Los agricultores mexicanos enfrentan costos de producción locales sensiblemente más altos, sin acceso a los subsidios gubernamentales, la infraestructura tecnológica ni los esquemas de cobertura de precios por adelantado que sí tienen los productores estadounidenses.
Esta brecha hace prácticamente imposible competir en precio con el grano importado, lo que desincentiva la siembra de granos básicos en favor de cultivos hortofrutícolas de exportación.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) proyecta una caída del 35 por ciento en la superficie sembrada del ciclo primavera-verano en estados clave como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, precisamente por la combinación de costos altos y precios internos deprimidos.
Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, lo resumió en una frase: "El principal riesgo no radica en la revisión anual del Tratado sino en la incertidumbre permanente que genera el nuevo esquema de revisiones".
Para los productores de maíz, trigo y frijol que requieren planificar ciclos de 6 a 12 meses, acceder a crédito y negociar contratos de compraventa anticipada con la industria procesadora, operar bajo reglas que pueden cambiar año a año equivale a tomar decisiones de inversión en un entorno sin piso. La UNTA demandó al Gobierno federal políticas urgentes de precios de garantía rentables y certidumbre jurídica interna como contrapeso a la apertura comercial.
La industria de alimentos, que depende de granos accesibles para mantener sus costos de formulación, tiene en este debate algo más que un asunto político: se juega la estabilidad de su cadena de abasto por los próximos años.
