Una revisión oficial de etiquetado en Costa Rica encendió las alarmas en dos segmentos que compiten cada vez más de cerca en los anaqueles: las carnes frescas preempacadas y las alternativas de origen vegetal a los lácteos.
El ejercicio, que abarcó 78 productos distribuidos en 25 puntos de venta de San José, Cartago, Alajuela y Heredia, dejó en evidencia que la mayoría de las marcas analizadas incumple, en algún grado, la normativa técnica vigente sobre información al consumidor.
El hallazgo llega en un momento de expansión acelerada para el segmento plant-based. El mercado latinoamericano de sustitutos vegetales a la leche superó los 1.750 millones de dólares en 2023 y se proyecta que crezca a un ritmo anual cercano al 11% hasta 2032, impulsado por la alta prevalencia de intolerancia a la lactosa en la región y por el interés creciente en dietas veganas y flexitarianas.
Ese apetito comercial explica, en parte, por qué tantas marcas recurren a denominaciones como "queso vegetal" o "leche de leguminosas": son términos que el consumidor asocia de inmediato con atributos sensoriales y nutricionales de los lácteos tradicionales, aunque el producto no contenga un solo gramo de leche animal.
El problema es que esa estrategia de posicionamiento choca con el marco regulatorio centroamericano, que reserva el uso de términos lecheros exclusivamente para productos derivados de leche. En 40 de los 43 productos no lácteos revisados —un 93%— se detectaron inconsistencias en la forma de nombrar el alimento, y en 36 casos (83,7%) se identificó uso indebido de vocabulario lechero.
A esto se suman observaciones sobre fecha de vencimiento en 30 productos y sobre leyendas de hipersensibilidad en 21, un punto especialmente sensible dado que alérgenos como la soya y los frutos secos figuran entre los principales desencadenantes de reacciones alimentarias reportados a nivel clínico.
En el segmento cárnico, el patrón de incumplimiento fue distinto pero igual de relevante para la trazabilidad comercial, de 35 productos evaluados, 21 (60%) presentaron fallas en la indicación bajo el Sistema Internacional de Unidades, un estándar que no es un formalismo: la precisión en peso neto y unidades de medida es la base sobre la que se calculan precios por kilogramo, márgenes de distribución y comparabilidad entre marcas en el punto de venta.
Otro 25,7% de los productos cárnicos no identificaba correctamente la especie de origen, un dato crítico tanto para la seguridad alimentaria como para el cumplimiento de normas de autenticidad cárnica que cada vez más mercados exigen ante el riesgo de sustitución fraudulenta de especies.
La autoridad reguladora notificó 23 prevenciones formales —13 al sector no lácteo y 10 al cárnico— y otorgó 22 días hábiles para que fabricantes, importadores y distribuidores corrijan las inconsistencias o presenten un plan de acción correctivo. Las empresas que no respondan dentro del plazo podrían enfrentar sanciones económicas que oscilan entre 1.027 y 41.000 dólares, además del riesgo reputacional que implica una denuncia pública por prácticas de etiquetado engañoso.
Para la industria, el episodio funciona como una señal de alerta temprana: en un mercado donde las alternativas vegetales crecen a doble dígito y compiten directamente por el mismo consumidor que compra carne fresca, la precisión en el etiquetado dejó de ser un requisito administrativo secundario para convertirse en un factor de competitividad y de confianza de marca.
