Chile atraviesa un escenario regulatorio que expertos en salud pública califican de insostenible: la ausencia de una normativa específica para los nutracéuticos —productos concentrados derivados de alimentos naturales, disponibles en cápsulas o polvos, con beneficios terapéuticos respaldados por evidencia científica— dejó al mercado nacional expuesto a una ola creciente de informalidad y falsificación, con consecuencias directas para la salud de miles de consumidores.
Un informe elaborado por Heriberto García Escorza, químico farmacéutico y exdirector del Instituto de Salud Pública (ISP), expone que esta categoría de productos no está contemplada en la legislación sanitaria vigente, lo que impide que fabricantes serios accedan a un registro formal mientras comerciantes irregulares aprovechan ese vacío para vender falsificaciones sin ningún control de calidad. El resultado, advierte el documento, es un daño silencioso y acumulativo: a diferencia de los tóxicos de efecto inmediato, estas sustancias adulteradas generan deterioro hepático, cardíaco, renal o sistémico a lo largo del tiempo, sin que el consumidor lo perciba hasta etapas avanzadas.
El propio ISP identificó 69 ingredientes de origen alimentario que, según sus criterios técnicos, deberían clasificarse como medicamentos. Sin embargo, ninguno ha logrado obtener el registro sanitario correspondiente, atrapado en una contradicción regulatoria que tolera la venta irregular en ferias e internet mientras frena la certificación formal de productos de calidad verificada. Esa parálisis normativa, según el informe, se sostiene desde hace más de una década pese a que el propio organismo presentó propuestas de modificación reglamentaria, la más reciente en 2022.
El costo no es solo sanitario. Chile cuenta con una industria alimentaria que representa el 18% del Producto Interno Bruto nacional, pero, según el mismo informe, hasta un 60% de la investigación aplicada en esta área termina perdiéndose en el papel, sin traducirse en productos comercializables por falta de un marco regulatorio claro. La Asociación Chilena de Productores e Importadores de Alimentos y Suplementos Saludables (Alimsa) ha planteado esta preocupación directamente en el Congreso, en un intento por destrabar una discusión que las autoridades sanitarias han calificado reiteradamente como no prioritaria.
El fenómeno chileno ocurre en medio de una expansión acelerada del mercado de nutracéuticos a escala global. Las proyecciones de la industria estiman que ese mercado podría superar los 900.000 millones de dólares hacia el final de la década, impulsado por el interés creciente en la prevención de enfermedades no transmisibles, que hoy causan más de 40 millones de muertes al año según cifras de organismos sanitarios internacionales. En América Latina, el segmento de suplementos dietéticos ya mueve más de 20.000 millones de dólares anuales, con un crecimiento proyectado superior al 7% cada año, impulsado por el mayor interés en actividad física y el aumento sostenido de membresías en gimnasios.
Frente a ese vacío, Alimsa propone dos vías de solución inmediata. La primera es que el Ministerio de Salud emita un decreto modificatorio del reglamento sanitario vigente, que incorpore estándares de calidad alcanzables específicamente para nutracéuticos. La segunda plantea que el propio ISP dicte una norma técnica interpretativa autónoma, replicando el mecanismo ya utilizado para las terapias avanzadas, que permitiría a laboratorios de alimentos demostrar buenas prácticas de manufactura para fabricar e investigar este tipo de productos de forma segura.
Para la industria formal, el mensaje del informe es contundente: mientras el vacío regulatorio persista, Chile seguirá perdiendo tanto capacidad de innovación científica como control sanitario sobre un mercado que, a nivel global, no deja de crecer.
