Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) confirmó lo que hasta hace poco parecía terreno resbaladizo para el Congreso mexicano: existe respaldo social mayoritario para endurecer la política de control del alcohol.
La organización internacional Vital Strategies, junto con la iniciativa RESET Alcohol, felicitó al instituto por publicar la investigación, que documenta que hasta 95.7% de las personas de entre 12 y 65 años apoya las ocho medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellas el aumento de impuestos.
El trabajo, difundido en julio de Salud Pública de México, encuestó a 3,847 adolescentes de 12 a 17 años y a 15,353 adultos de 18 a 65, con representatividad estadística para 92.6 millones de personas, los resultados muestran un consenso poco frecuente en política sanitaria: 86.9% quiere retirar el patrocinio de marcas de alcohol en eventos deportivos, 88% pide reducir los horarios de venta nocturna, 86.8% respalda subir la edad mínima de compra y 79.4% apoya limitar los puntos de venta.
Tres medidas superaron el 90% de aprobación: el derecho a diagnóstico y tratamiento para trastornos por consumo de alcohol (95.7%), sanciones más severas para quienes manejan alcoholizados (95.6%) y una mayor presencia de alcoholímetros (92.8%).
El dato con mayor implicación fiscal es el del impuesto: dos de cada tres personas encuestadas respaldan un aumento del gravamen, y ese apoyo se sostiene incluso entre quienes beben con frecuencia, donde supera la mitad, el hallazgo llega en un momento clave para las finanzas públicas mexicanas.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas alcohólicas no ha tenido ajustes estructurales en más de cuatro décadas y sigue operando bajo un esquema ad valorem, que grava el precio del producto en lugar del contenido real de alcohol puro, especialistas en política fiscal señalan que ese diseño distorsiona el mercado: una botella de mezcal artesanal puede pagar más impuesto que una bebida industrial de mayor graduación alcohólica, simplemente porque cuesta más.
Estudios recientes calculan que migrar hacia un esquema ad quantum —basado en mililitros de alcohol puro— podría incrementar la recaudación hasta en 70% frente al modelo vigente, además de reducir la evasión fiscal y el consumo concentrado en bebidas baratas de alta graduación, las de mayor riesgo sanitario.
El Paquete Económico 2026 no contempló, por ahora, un aumento a este impuesto, aunque sí lo hizo para bebidas azucaradas y tabaco, cuya recaudación conjunta se estima en más de 142,000 millones de pesos para este año.
El respaldo ciudadano llega en un contexto de carga sanitaria y económica considerable, en México, 68.2 millones de personas de 12 a 65 años —73.7% de ese grupo— consumieron alcohol alguna vez, y 14.5 millones reportaron consumo excesivo en el último mes. El consumo de alcohol se asocia a 42,000 muertes anuales en el país y genera costos directos e indirectos estimados en 552,000 millones de pesos al año, equivalentes a 2.1% del Producto Interno Bruto.
Para Adam Karpati, director general de Salud Pública de Vital Strategies, (ONG) sin fines de lucro, de alcance internacional, con sede en Nueva York, afirma que el estudio despeja una duda que suele frenar la acción legislativa: si la población está lista para este tipo de medidas.
La evidencia, generada por el propio Estado mexicano, sugiere que sí, y organizaciones como RESET Alcohol insisten en que el respaldo a los impuestos crece todavía más cuando la recaudación se destina explícitamente a fortalecer los servicios de salud.
