El Concejo Municipal de Rosario analiza una iniciativa para eliminar la restricción que impide vender bebidas alcohólicas para llevar entre las 23 y las 8 horas. La propuesta reabre en Argentina el debate sobre el equilibrio entre la actividad comercial y la prevención del consumo problemático.
Quienes impulsan el cambio sostienen que la restricción tiene una eficacia limitada y que no siempre se cumple. Según su argumento, eliminarla permitiría ordenar la actividad y evitar la competencia desleal entre los comercios que respetan el horario y los que no. Quienes se oponen advierten que flexibilizar la norma debilitaría una herramienta preventiva, sobre todo frente al consumo nocturno y la venta a jóvenes.
El debate se da en un contexto de preocupación sanitaria. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), 66,2% de la población relevada consumió alcohol en el último año. La edad promedio de inicio es de 17,7 años. Los especialistas señalan como factores de riesgo el inicio temprano y el consumo excesivo en una sola ocasión, asociado con accidentes, lesiones y situaciones de violencia.
En materia normativa, la Ley Nacional 24.788 prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, mientras que los horarios y demás condiciones de venta quedan en manos de provincias y municipios. Esa descentralización genera un mapa heterogéneo de regulaciones que obliga a distribuidores, cadenas minoristas y comercios de barrio a adaptar sus operaciones a cada jurisdicción.
El crecimiento de las aplicaciones de reparto a domicilio complica el control. La compra a distancia dificulta verificar la edad del comprador y el cumplimiento de los horarios, y traslada parte de la responsabilidad a plataformas y repartidores, un aspecto que muchas normativas locales todavía no contemplan de forma específica.
Los organismos internacionales de salud ofrecen un marco de referencia para la discusión. La Organización Mundial de la Salud considera que regular la disponibilidad, aplicar políticas de precios y restringir la publicidad están entre las medidas más eficaces para reducir los daños asociados al alcohol. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, señala que subir los impuestos puede disminuir el consumo y sus consecuencias.
Para la industria de bebidas, el resultado de estos debates tiene implicaciones comerciales directas. Las restricciones horarias afectan a kioscos, almacenes y autoservicios, que concentran una parte relevante de la venta de cerveza, vino y destilados en las grandes ciudades argentinas. También condicionan las estrategias de distribución y de comercio electrónico de fabricantes y mayoristas.
El mercado argentino ha cambiado sus patrones de consumo en las últimas décadas. El vino de mesa cae de forma sostenida, mientras la cerveza se convirtió en la bebida alcohólica de mayor volumen, y los aperitivos y destilados ganaron terreno de la mano de la coctelería. En paralelo, las opciones sin alcohol y de baja graduación empiezan a ganar espacio entre consumidores más atentos a la salud.
Las empresas del sector han reforzado sus programas de consumo responsable y de prevención de la venta a menores. Ante la posibilidad de normas más restrictivas, la autorregulación y la cooperación con las autoridades locales cobran cada vez más importancia.
