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La industrialización de soja se encuentra en baja y amenazada por constantes cambios de reglas

Agricultura

La industria del procesamiento de soja está atravesando un momento crítico. Es una de las industrias más importantes de la economía paraguaya y con la propuesta de reforma tributaria, el Gobierno no hace más que profundizar la crisis en lugar de promover estrategias para incentivar el procesamiento y la exportación. Los números de los primeros cinco meses del año son alarmantes:

Las ventas al exterior del complejo soja ingresaron US$ 550 millones menos que en el mismo período de año anterior.

Es el ingreso más bajo de los últimos 7 años.

Al cierre de Mayo 2019 se procesaron 1.456.920 toneladas de soja, un 8,5% menos que lo industrializado en los primeros cinco meses del 2018.

El volumen de exportación de productos industrializados a partir de la soja se redujo un 11% en comparación al mismo periodo del año pasado, que además estuvo acompañado por una caída en los precios internacionales.

El aprovechamiento de la capacidad instalada se encuentra en torno al 75%, un valor de 7 puntos porcentuales por debajo de lo que se había conseguido en el mismo periodo del año anterior.

Los problemas climáticos que afectaron la calidad de los granos obligaron a las industrias a disminuir el ritmo de procesamiento y allí radica una parte de la desaceleración.

Pero la mayor incidencia viene dada por la falta de garantías y la inestabilidad jurídica a las que el Gobierno somete a la industria aceitera; situación que se agravará en caso de que la Cámara de Diputados apruebe sin modificaciones la reforma tributaria, reduciendo la competitividad de esta actividad a su mínima expresión.

Al ver como la principal actividad industrial en términos de Inversión Extranjera Directa (IED), según los datos del Banco Central del Paraguay, sufre este tipo de inestabilidad debido a los constantes cambios no es raro ver como el país está entre los de menor saldo de IED con relación al PIB en toda la región, con un porcentaje (19%) menor a la mitad del promedio regional (42%).

saldo Soja

Despejemos el humo con datos concretos

Como hemos advertido varias veces, el proyecto de reforma tributaria comete un error gravísimo al discriminar a la industria aceitera y convertirla en la única que debe exportar impuestos, ya que será la única actividad industrial que no recibirá la devolución del IVA.

El Gobierno se equivoca al equiparar a la exportación de granos en estado natural con la de productos industrializados a partir de la soja como aceite, harina o pellets. Esta falta de visión perjudica a todos los habitantes del país, ya que profundizará el modelo exportador de materias primas que implica una disminución en la actividad económica y menor cantidad de empleos.

La confusión que genera el desacertado artículo N° 101 del proyecto de reforma ha promovido, como habíamos advertido también, una catarata de opiniones carentes de sustento que nos gustaría aclarar:

MITO 1: Se dice que las industrias procesadoras de oleaginosas y cereales no generan empleo, que son plantas automatizadas con 5 o 6 personas empleadas. FALSO: Las empresas asociadas a la CAPPRO, si son automatizadas, pero generan más de 2.200 empleos directos, formales y de calidad y otros 6.600 indirectos.

MITO 2: Se dice que el valor comercial de los granos y los productos industrializados son similares. FALSO: Entre enero y mayo de este año, tomando en cuenta los precios promedio de exportación, los productos industrializados a partir de la soja generaron un 11% más de divisas (US$ 318,21 millones) que, si se hubieran exportado en estado natural, tal como se describe en el siguiente cuadro:

MITO 3: Se ha llegado a objetar que las plantas industrializadoras están sobre el río en lugar de zonas productivas. Hay una razón lógica: tanto la soja en estado natural e industrializada sale al mundo a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Es una inmensa ventaja logística que facilita el transporte desde las zonas de producción hasta las plantas, explicando buena parte de los 6.600 puestos de trabajo indirectos que genera la agroindustria.

MITO 4: Se argumenta que se aplicarán otros incentivos para fomentar a las industrias aceiteras a través de una reducción del 20% de la tasa del IDU. FALSO: Ese supuesto beneficio es aplicable para inversiones que se hayan realizado a partir del 2014, y todas las inversiones se realizaron antes de esa fecha; además la tasa del IDU propuesta en la reforma es superior a la tasa actual, por lo tanto, incluso con la reducción del 20% presentada como un “beneficio”, el impuesto a pagar sería superior. Este supuesto incentivo no compensa la eliminación de la devolución del IVA a las Industrias Nacionales.

MITO 5: Se trata de justificar burdamente la eliminación de la devolución del IVA a las industrias aceiteras, mencionando que se mantendrá la devolución del 100% para productos industrializados de consumo humano y terminados. FALSO: la devolución del 100% del IVA está prevista para todo tipo de productos industrializados, incluso aquellos que no son de consumo humano y que son componentes o sirven a otras industrias, como por ejemplo, el etanol, cables, plásticos, siendo solamente la harina, aceite y pellets generados por la industrialización de la soja los que serán castigados con la no devolución.

Entendemos que el sistema tributario debe modernizarse y simplificarse, pero no a costa de castigar a un sector que es una de las principales fuentes de ingresos para el país. Desoyendo la igualdad tributaria que consagra la Constitución Nacional e ignorando las resoluciones de la justicia, el Gobierno no va a recaudar más y solo conseguirá precarizar el modelo exportador, promoviendo que el País se limite a la exportación de materias primas en estado natural.

La industria de molienda de oleaginosas es una fuente importante de inversiones para el país, pero desde el 2013 las inversiones se encuentran paralizadas por los constantes cambios en las reglas de juego. Las empresas instaladas tenemos frenados nuestros planes de expansión por el temor a seguir conviviendo con la inseguridad jurídica.

Confiamos que primará el sentido común entre los Diputados al momento de tratarse la reforma tributaria y no repetirán lo que sucedió en el Senado, de votar a libro cerrado y con un escaso debate y sin incorporar cambios importantes que van en beneficio de todos los paraguayos.

Queremos seguir industrializando nuestras materias primas en el país, generar más empleos formales y de calidad, aumentar nuestras ventas al exterior y ejecutar nuestros planes de expansión, lamentablemente hoy paralizados. De no modificarse el artículo 101 de la reforma tributaria ocurrirá lo contrario: menor ritmo de procesamiento, menores ingresos por exportación de alimentos con valor agregado y, lastimosamente, pérdida de muchos de puestos de trabajo directos e indirectos.

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